Esta nueva "ley de amarre" elaborada entre el gobierno los partidos de oposición y el sector empresarial, es un traje a la medida de los intereses de los bancos acreedores y las grandes compañías salmoneras, fuera de todo control público, a pesar del rechazo de las organizaciones de trabajadores, pescadores artesanales, comunidades indígenas, empresariado regional y ciudadanos. En la foto aparecen quienes capitanearon el acuerdo gobierno derecha: Camilo Escalona, Evelyn Mathei, Andres Velasco, y Hosaín Sabag, que votó en reemplazo del candidato presidencial Eduardo Frei.
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Valparaíso, 03 de diciembre de 2009. (Ecoceanos News)-- Sólo una operación política entre el gobierno y la derecha logró que la Comisión de Hacienda del Senado aprobara esta semana la socialización de la deuda de 2.000 millones de dólares que la industria salmonera tiene con la banca acreedora, así como la privatización del litoral nacional. Para esto entregó en propiedad las concesiones acuícolas a las compañías salmoneras por 25 años renovables, y autorizó que las empresas las puedan hipotecar en la banca acreedora.
La Comisión de Hacienda eliminó además la cláusula de caducidad de las concesiones por incumplimiento de la normativa laboral sobre derechos fundamentales de los trabajadores, y sólo aprobaron irrisorias multas para las empresas salmoneras infractoras, así como un impracticable sistema de sanción cuando el titular de la concesión cometa tres faltas consecutivas ejecutoriadas, vinculadas a prácticas antisindicales en centros de cultivos, lugares donde no existen sindicatos y la mayoría de los trabajadorse son subcontratados, como es el caso de los buzos.
La discusión ahora se trasladará a la sala del senado y luego ira a la Cámara de Diputados.
Esta nueva "ley de amarre" elaborada entre el gobierno los partidos de oposición y el sector empresarial, es un traje a la medida de los intereses de los bancos acreedores y las grandes compañías salmoneras, fuera de todo control público, a pesar del rechazo de las organizaciones de trabajadores, pescadores artesanales, comunidades indígenas, empresariado regional y ciudadanos.
La operación política para destrabar este proyecto de ley detenido por casi tres meses en el Senado la realizaron el Ministro de Hacienda, Andrés Velasco y la Subsecretaria Marial Olivia Recart, siendo perpetrada por la presidenta de la Comisión de Hacienda, senadora Evelyn Matthei (UDI),Hosain Sabag (DC), José García (RN),Kushel (RN) y Camilo Escalona (PS). Se opusieron los senadores Carlos Ominami (Independiente) y Pedro Muñoz (PS).
Las empresas que infrinjan la ley serán multadas con entre 50 y 150 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), entre casi 2 millones y 5 millones de pesos (4.000 a 10.000 dólares), cifra irrisoria para una industria que exporta anualmente sobre 2.400 millones de dólares. Además, no será caducada la concesión a su titular si es sancionado en tres ocasiones consecutivas por prácticas antisindicales. Sólo se le impedirá renovarla una vez finalizado el período de concesión de 25 años.
¿Y LAS PROMESAS DE CAMPAÑA...?
Llama la atención, especialmente por las promesas realizadas durante esta campaña presidencial, que tanto los senadores de gobierno como de derecha hayan excluido las infracciones a los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto a pesar de existir 64 trabajadores salmoneros fallecidos durante los últimos 60 meses, lo que representa la mayor tasa de mortalidad en la salmonicultura a nivel mundial.
Esta vergonzosa ley entrega un cheque en blanco a las empresas salmoneras para seguir abusando e incumpliendo la normativa laboral, en un contexto de alta cesantía que se proyecta para el período 2010-2012, como producto de las próximas fusiones, ventas y quiebras de compañías que serán ejecutoriadas sin contemplaciones por los bancos acreedores. Esto porque ahora ya tienen asegurada la recuperación de sus deudas y la creación de un mercado secundario especulativo de compra y venta de concesiones de acuicultura.
Esta vergonzosa ley es funcional para una industria ambientalmente indecente y socialmente irresponsable, con lo cual se demuestra que la auto-promocionada “salmonicultura 2.0', es tan sólo relaciones públicas para incautos.
Sólo queda seguir luchando frente a los visos de inconstitucionalidad y vicios de origen de esta nueva “ley de amarre” que privatiza nuestro litoral. Esto además anticipa lo que será la discusión pública el 2012 para evaluar los impactos ambientales, económicos y sociales de una década de privatización de las pesquerías chilenas a través del sistema de cuotas individuales transferibles.*****FIN*****
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