Santiago, Chile — Las organizaciones ambientalistas, entre éstas Greenpeace, pertenecientes al Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) dieron a conocer lo que consideran “puntos inaceptables” del estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por HidroAysén a la CONAMA de Aysén, que reafirman que las empresas Endesa y Colbún, detrás de la iniciativa, han engañado a la administración del Estado y a la opinión pública chilena, al entregar un EIA técnicamente deficiente e incompleto.
“Los informes de los servicios públicos chilenos son demoledores ya que este proyecto claramente viola la legislación nacional e internacional vigente. Greenpeace Chile está trabajando junto a Greenpeace España para que la empresa española Endesa retire definitivamente este proyecto antes que la comunidad internacional exija explicaciones donde no las hay", señaló Rodrigo Herrera, Director Ejecutivo de Grenpeace Chile.
Para el abogado del CDP Felipe Meneses,”la profundidad e importancia de los errores y omisiones detectados en el estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidroaysén lo hacen inadmisible desde el punto de vista técnico y legal. A esto se suman las recientes declaraciones del Gerente General de la empresa que buscan presionar a los servicios públicos ante la inminente decisión que deben adoptar sobre si rechazar o no el estudio, siendo que su empresa ni siquiera es propietaria ni tramita los derechos de agua para la zona de inundación que establece”.
El CDP y su red de equipos profesionales ha detectado graves deficiencias en el EIA de Hidroaysén, algunas de las cuales son las siguientes: las insuficiencias en la definición del área de influencia deja fuera del análisis a 8 poblados entre Puerto Chacabuco y Puerto Tranquilo; la falta de tratamiento serio a los problemas derivados del aumento explosivo de la población en el área del proyecto que se incrementaría en 5.200 personas, siendo que Cochrane solo cuenta con menos de 3.000 habitantes (INE); y el tratamiento que se da a la relocalización de pobladores y familias afectadas por las inundaciones que carece de seriedad pues no especifica los lugares a los que serán desplazados, ni las condiciones de sustentabilidad productiva de los nuevos emplazamientos.
Así también, el proyecto ha dejado al margen del análisis capítulos importantes de la legalidad ambiental vigente. Por una parte, no respeta la Convención de Washington y la Ley de Bosques que impiden inundar y utilizar comercialmente territorios y recursos comprendidos dentro de Parques Nacionales; Hidroaysén se ha referido superficialmente a los riesgos naturales existentes en el lugar donde se realizaría el proyecto, a pesar de los antecedentes que dan cuenta de su inestabilidad sísmica, volcánica e hidrológica; y finalmente, no evalúa el impacto socioeconómico que tendría su proyecto en el área de influencia ni en la región. Lo anterior, a pesar que existe un estudio realizado por la Universidad de Chile que calculó -a partir de una encuesta realizada en el verano del 2008- que se perderían cerca de 4.000 empleos y 40 millones de dólares netos al año por la menor afluencia de turistas si se concretara dicho proyecto en la región.
Las graves falencias enunciadas dan la razón a los servicios públicos en el sentido que se trata de un mal proyecto y demuestran que la empresa ha actuado sin la responsabilidad que amerita la ejecución de un proyecto de esta envergadura. Que un total de 10 órganos con competencia ambiental de las más variadas áreas señalen que el EIA adolece de información relevante y esencial para efecto de evaluar ambientalmente el proyecto no es un tema menor como ha pretendido la empresa.
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