La posible instalación de proyectos hidroeléctricos en la zona sur y austral del país ha generado la oportunidad de informarse y discutir sobre temas relacionados con los impactos socioambientales de éstos. Sin embargo, el debate trasciende a la problemática puntual los proyectos y los impactos que generan, ante lo cual es necesario evaluar el modelo económico, el marco jurídico, el impacto socioambiental de las hidroeléctricas en el contexto regional de Aysén. Asimismo, es necesario estar informados y exigir a la autoridad que se manifieste respecto al tema y se haga responsable de la toma de desiciones que significan un impacto para la Patagonia.
Modelo económico
El modelo de desarrollo económico actualmente implantado en Chile promueve un uso no sustentable de los recursos naturales, una gran concentración en la propiedad de los mismos y, por ende, de los ingresos generados, situación que ha significado gran cantidad de conflictos sociales y ambientales, como Ralco, Río Cruces, Pascua Lama, Río Mataquito, entre otros.
Política energética, código de aguas y proceso de regionalización.
El marco político que permite la instalación de algunos de estos proyectos es ilegítimo, toda vez que el traspaso, tanto de la Empresa Nacional de Electricidad, como de gran parte del recurso agua, fue realizado por el Estado de Chile a capitales privados, en un contexto político nacional en el que se desarrollaron las últimas actividades de un proceso de privatización, que se puede caracterizar, a lo menos, como cuestionable.
Por otra parte, la política energética del país permite que se desarrollen alternativas de generación, transmisión y distribución de energía exclusivamente a partir de proyectos privados, liberalizando totalmente un área tan estratégica para el país como es la energía. En esta misma línea, en nuestro código de aguas se ve plasmada la política económica, que permite la concentración del recurso en unas pocas manos, el mismo que estableció excepciones para el pago de patentes de agua en la Región de Aysén, beneficiando escandalosamente a los grupos económicos dueños de los derechos sobre el recurso.
Tanto la gestión del recurso agua, como la crisis energética en la que está sumido el país hace ya más de una década, demuestran el gran fracaso del modelo aplicado. El agua no alcanza para generar energía, así como tampoco para el consumo humano ni agrícola - los acuíferos del norte del país se agotan-, sin embargo, las empresas eléctricas y mineras siguen generado abultadas utilidades y los costos son asumidos por los consumidores domiciliarios (cortes, disminución de voltaje, aumento de precios de productos agrícolas, etc.) y por las arcas fiscales, con medidas de emergencia que alcanzan los miles de millones de pesos.
También es relevante mencionar que una de las causas de esta gran demanda de energía se debe a la concentración, tanto de la población como de la industria, en el centro del país, lo que también da cuenta del gran fracaso del proceso descentralizador.
Marco jurídico
El marco jurídico con el cual se pretende evaluar la presentación de mega proyectos es sólo receptivo y, tanto el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) como la autoridad política, se mantienen a la espera de que los proyectos hidroeléctricos en el sur de Chile ingresen en forma individual al SEIA para su evaluación, dejando de analizar la posibilidad de alternativas a los mismos y el impacto global del conjunto de estos proyectos, ya que se presentan desagregados en generación, distribución y obras anexas, lo cual claramente es una falacia, debido a que la generación de energía no es aislada.
La forma en que está actuando el gobierno no da garantías, ya que en el evento probable de llegar a la instancia de resolución del Consejo de Ministros, el ingreso de los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental será sólo un trámite sin efecto.
Contexto Regional de Aysén
Tanto las estrategias de desarrollo regional, el Plan de Ordenamiento Territorial y otros instrumentos de planificación, así como criterios de elegilibilidad de variados fondos, dan cuenta de la condición de pristinidad y vocación turística del territorio. En esta línea gran parte de los recursos públicos fueron invertidos y se ha proyectado su continuidad, considerando el objetivo regional de convertir a Aysén en una región descentralizada y con una alta calidad de vida, sustentada en un crecimiento económico alto y equitativo, fundamentado en la conservación de la calidad medioambiental y en la integración del territorio. Todo esto es hoy desechado frente a la intervención de grandes capitales privados, afectando millonarios recursos públicos y privados de inversión histórica y proyectada.
En este contexto, merece mención el que la energía no se requiere en la Patagonia y sólo beneficiará a otros territorios e intereses, y que dejará efectos negativos, tanto para los habitantes de la región, como para su entorno.
Impacto socio-ambiental
Tanto las represas como las obras anexas se concentrarán en las zonas más prístinas del país desde el punto de vista ambiental, zonas en que las comunidades locales son especialmente vulnerables y en las cuales ya existen conflictos sociales. Las líneas de transmisión por su parte, afectarán una proporción mayor del territorio, generando fragmentación de ecosistemas, intervención sobre áreas protegidas, modificación estructural del paisaje y conflictos con comunidades, distribuido en una longitud mayor a dos mil kilómetros.
La instalación de mega proyectos, en oposición al bienestar que pregonan sus gestores, se relaciona con bajos índices de desarrollo humano en las áreas donde se materializan, lo cual ha quedado establecido en las estadísticas generadas por el PNUD para proyectos hidroeléctricos, forestales y mineros.
Reflexiones finales
La construcción de los proyectos hidroeléctricos no corresponde sólo a iniciativas comunes de inversión, representan claramente a una "solución" estructural, planteada por los administradores de un modelo de desarrollo que desde hace bastante tiempo nos está dando luces del fracaso de las soluciones planteadas, de la depredación de los recursos naturales, la concentración de la riqueza en base a estos mismos recursos naturales, de los conflictos sociales, etc. En esta línea, es relevante tener conciencia que la legitimidad de la institucionalidad y el Estado de derecho sólo se logra cuando éstos son útiles a la sociedad en su conjunto y no sólo a pequeños grupos.
AIFBN agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo.
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