Denuncian al Gobierno de Bachelet y Endesa-Colbún por destrucción del Medio Ambiente en el sur

La actividad se realizó pasadas las 18:00 hrs, frente a las oficinas centrales de ENDESA ESPAÑA ubicado en las intersecciones de Santa Rosa con Marcoleta, donde se congregaron un centenar de personas y organizaciones ambientalistas, que están en contra de la construcción de represas hidroeléctricas, en los ríos Pascua y Becker en la undécima región.

Cerca de una hora se mantuvieron en las afueras del edificio corporativo, donde se hicieron presentes las alocuciones de distintos personeros de organizaciones ambientalistas y la participación de grupos artísticos. El objetivo central de la acción, fue denunciar al Gobierno de Michelle Bachelet y empresas trasnacionales, por la destrucción ambiental que generaría este proyecto, en uno de los parajes importante, por su biodiversidad en el mundo. Los manifestantes se retiraron del lugar, dando paso a una pequeña marcha, que solo llegó hasta la Alameda, principal arteria de la capital. Donde los organizadores dieron por terminada la pacifica actividad y antes que se cumpliera la amenaza hecha por la policía militarizada de Carabineros y sus fuerzas especiales, de disolver la “caminata por la acera”.

El Cuestionado Proyecto

La sociedad HidroAysén, conformado por el consorcio Endesa-Chile (de capitales españoles) y Colbún (ligado la familia Matte, conocidos por el poder económico), pretende construir cinco represas, a unos 1.700 kilómetros al sur de Santiago. Estas inundarían 5.910 hectáreas de la Patagonia chilena, afectando la biodiversidad, el desarrollo económico a través del turismo, (que tendrían una pérdida anual de más de 4 mil empleos), la agricultura y ganadería de la zona.
Las represas generarían unos 2.750 megavatios, que necesariamente implicaría la instalación de 6.000 torres de alta tensión, utilizando una franja de terreno de 70 metros, afectando ocho regiones, 200 comunas, miles de predios y 12 áreas silvestres, creando así la tala rasa más larga del mundo..

36 servicios públicos, hicieron una revisión del proyecto, como parte de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), entregado por Hidroaysen, para la aprobación de la construcción del megaproyecto. Este proceso de consulta impulsado por la CONAMA (autoridad ambiental), tuvo como respuesta el rechazo y la presentación de 3150.observaciones al estudio, en el que Hidroaysen invirtió más de 12 millones de dólares y tres años de trabajo. Sin contar con las más de 4000 observaciones ciudadanas, cuyo proceso de recolección concluye el próximo 25 de Noviembre.


Las principales observaciones dieron cuenta, de una serie de graves omisiones y datos erróneos

La presentación de la información en sus diversos capítulos, es generalmente confusa, de ardua lectura y difícil interpretación. No se detalla, ni se analiza, cuál sería el impacto ambiental en la construcción y mantención de las torres de alta tensión.

En la cartografía, no se identifica con claridad las áreas de inundación. Se cataloga de insuficiente la información geológica, hidrogeológica y los estudios de riesgos naturales asociados a fenómenos geológicos.

Se indica que no es posible dimensionar y localizar las pérdidas de recursos florísticos y los impactos del proyecto sobre éstos. Se excluyen las aves y los mamíferos grandes, como afectados por la inundación, justificado por la supuesta capacidad de desplazamiento que tendrían estos grupos.

No hay información sobre la relocalización de las personas, lo cual es de importancia para efectos de calificar ambientalmente el proyecto.

El EIA adolece de información relevante y esencial que permita: entender el proyecto; caracterizar correctamente las distintas componentes ambientales; predecir y evaluar sus impactos y en consecuencia verificar que el titular (HidroAysén) se haga cargo”, acota el extenso análisis del La Dirección General de Aguas (DGA).

La Comisión Nacional de Energía en sus respectivos descargos, afirma que el informe de la empresa, “presenta insuficiencia de antecedentes en diversos ámbitos, cuestión que tiene como consecuencia que en algunas áreas, no sea posible realizar una adecuada identificación y evaluación de los potenciales impactos ambientales, de las actividades que se desarrollarán”


Girardi: “no quiero ser parte de un Gobierno que saquea el medio ambiente”

Pese a los miles de antecedentes, el Gobierno de Michelle Bachelet, ha dado claro respaldo a la realización del proyecto.

En Febrero del año en curso, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, afirma que es partidario de la hidroelectricidad en Aysén. Pérez Yoma, fue durante años funcionario de las empresas, que se están disputando la riqueza de las aguas patagónicas. Antes de llegar al Ministerio del Interior, jugo un papel importante en el “lobby”, para que este proyecto fuera superando las etapas de aprobación.

A esta declaración se suma la acción del intendente XI Región, Selim Carrasco, que en una reunión reservada en la sede del gobierno regional, les pide a los secretarios regionales ministeriales de Gobierno (seremis), alinearse con la posición oficial. Entre otras irregularidades impropias de su cargo.

Según los ideólogos del proyecto, HidroAysén pretende dotar a Chile, “de energía limpia, renovable y de menor costo, contribuyendo al desarrollo sustentable”. En ninguna declaración se hace alusión del monopolio del negocio de la electricidad en Chile.

El vicepresidente del Partido Por la Democracia PPD, Guido Girardi amenazó al gobierno de quitarle su apoyo, si se aprueba el proyecto. El parlamentario expresó que “no quiero ser parte de un Gobierno que saquea el medio ambiente”, luego que algunos ministros han manifestado públicamente su respaldo a la realización del proyecto. Asimismo, agregó que no apoyará a ningún candidato que esté a favor de la ejecución de esta central energética. En clara alusión al ex presidente de Chile Eduardo Frei, quien bajo su gobierno (1994-2000) dio apoyo irrestricto a la construcción de Centrales hidroeléctricas en el río Bio Bio, con la Central Ralco. Fue en el último día de su mandato, que éste presionó a la contraloría de la república, para que aprobara la concesión eléctrica a Endesa España. La represa se empezó a construir en febrero del año 1999. Se terminó de construir a mediados del 2004, en El Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), bajo fuertes presiones a comunidades Mapuche, para que abandonaran los predios que fueron inundados. La decisión del Gobierno de Lagos, priorizando la Ley Eléctrica Nacional y favoreciendo los intereses de la empresa involucrada (Endesa España).en la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, violó la Ley Ambiental Nº 19.300, violó la Ley Indígena Nº 18.000 y no hizo caso de disposiciones internacionales, relacionadas con los derechos de los pueblos (los Mapuche fueron violentados en su cultura, en sus relaciones, en su historia y en su fe).